El fútbol y los Estados

Como pocas veces, en estos días aparecieron situaciones con cierta similitud entre el fútbol argentino y el español, tomando en cuenta su relación con los Estados nacionales.

Es muy interesante lo que ocurre con ambos, como para que se pueda entender el contexto. Tanto en un caso como en el otro, las federaciones recibieron dinero estatal, es decir, público. Que se origina en el contribuyente a través de impuestos, servicios, etc. Es decir que es dinero que necesariamente, debe conocerse su destino si alguien lo requiere (incluso, aunque no lo requiriese, porque hoy internet permite publicar todos los gastos públicos).

Se sabe que a través del programa Fútbol Para Todos, el Estado argentino fue aumentando año tras año su dotación a la AFA, para que supuestamente ésta redistribuya a los clubes y hoy el monto anual supera los 1100 millones de pesos. Sin embargo, nada se sabe sobre el destino que la AFA dio a ese dinero, que es muchísimo, de hecho, muy superior al que la AFA recibía en el pasado de TRISA (Torneos y Competencias-Clarín).

Se necesitó en este caso de una denuncia de una legisladora (Graciela Ocaña) para que a través del juzgado de la doctora María Servini de Cubría, se allanaran 66 clubes para tratar de conocerse el uso que el Estado argentino le dio a ese dinero para el fútbol, cuando es algo que todos los argentinos debieron conocer sin ningún tipo de obstáculo y no sólo eso, sino que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificó la opacidad de las cifras porque “nosotros pagamos los derechos de TV y no tenemos por qué preguntar qué hace la AFA con ese dinero”.

Casualmente y en paralelo, en España se produce una situación parecida, en el sentido de que se debate también sobre el uso de un subsidio desde el Estado hacia la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que para ser renovado, obliga, a través de una ley que comenzará a regir el próximo 10 de diciembre (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) por la que las entidades “de especial relevancia pública que reciban subvenciones del Estado deben publicar tanto información institucional, organizativa y de planificación como información económica, presupuestaria o estadística con el fin de reforzar la transparencia”.

Además, esta Ley de Transparencia fue explicada a los 66 clubes (casualmente, la misma cantidad que los clubes allanados por la Justicia argentina) pero también al resto de federaciones deportivas, ligas, comités olímpico y paralímpico.

Esto significa que todo club que reciba cualquier subvención estatal en España debe publicar todos los contratos, objetivos, duración de los mismos, importe, número de licitadores participantes en cualquier operación y hasta el porcentaje que significa cada gasto en el presupuesto total de la entidad.

Esto ocurre con un gobierno de reconocida derecha, como es el de Mariano Rajoy, en España, cuyo secretario de Deportes, Miguel Cardenal, está enfrentado con el presidente de la RFEF, Angel María Villar (hasta hace unos meses, el hermano casi mellizo de Julio Grondona en la FIFA), porque éste no quiere rendir sus gastos y está sospechado (cada vez con mayor fuerza) de haber usado, por ejemplo, fondos estatales para sus viajes personales.

Es decir que el Estado español mantiene al menos un cierto decoro (sea motu proprio o por presiones sociales) en cuanto a que intenta clarificar el uso del dinero público al entender el criterio básico acerca de que todo fondo público debe rendir cuentas. Esto ya sucedió también en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, quien mantuvo un pulso con Villar hasta que cedió cuando el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, amagó con suspender la participación de España en la Eurocopa 2008,- que finalmente acabó ganando- al sostener lo de siempre: la eterna excusa de la intromisión del Estado en asuntos del fútbol, como si el fútbol no formara parte del planeta Tierra y no estuviera inmerso en las culturas y leyes de cada país.

No sólo esto: el tema de los subsidios en el fútbol español está desencadenando una crisis porque al renunciar Villar a los subsidios para no tener que dar a conocer sus números opacos, muchas federaciones necesitadas del mismo le están reclamando al presidente de la RFEF que explique los motivos, en tanto que el dirigente estaba evaluando utilizar los fondos destinados originalmente a la preparación para el equipo olímpico para Río de Janeiro 2016, que finalmente no participará por haber sido eliminado.

Por el lado argentino, aún tratándose de un gobierno autotitulado “progresista”, no hay derecho a saber qué hace la AFA con el dinero público y se necesita la participación de la Justicia y hasta se intenta cargar contra una diputada opositora por el hecho de reclamar algo básico.

Esto no ocurre solamente con los fondos del FPT en la Argentina. También con la opacidad para explicar la presencia de Torneos en reuniones decisivas de los dirigentes para establecer los nuevos campeonatos de los próximos años. Un menjunje que nadie entiende (como por ejemplo, para qué tender a 30 equipos para bajar luego a 22 en Primera A si ahora mismo hay 20, a no ser que ocurra por presiones de Gobierno en un año electoral).

Alejandro Burzaco,  de Torneos, participa en cuanta reunión de dirigentes se produce, cuando hace apenas cinco años era miembro de la sociedad que “secuestraba” los goles a los argentinos. Es que Torneos nunca estuvo en la mira del Gobierno. Pagó por poco tiempo sólo por haber sido socio del Grupo Clarín en los años del monopolio y los partidos de PPV que impidió que millones de argentinos accedieran al fútbol televisado y que casi no conocieran cómo jugaba la selección nacional.

“Con ustedes no es la cosa”, parecen haberles dicho desde la Casa Rosada a la gente de Torneos (ex TyC), y les dijeron que tuvieran paciencia y esperaran, y su momento ya volvió demasiado pronto. Por eso mismo es que en la TV Pública tan proclamada progre, no hay concursos de periodistas y se repiten muchas caras de las transmisiones privadas (sean éstas buenas o no, la calidad es otra cuestión).

No termina allí. Es tal el caos que la TV digital española estuvo meses sin poder retransmitir el fútbol argentino por no saber con quién negociar los derechos. Ahora que El Digital Plus llega a manos de Telefónica, sus nuevos dueños se preguntan para qué comprar un producto de baja calidad técnica pero que además, llega gratis a todo el mundo desde el sitio de internet de FPT.

“A nosotros nos sirve porque en la semana hacemos producciones con esas imágenes para otros programas, pero estamos comprando los derechos de algo que llega gratis y en HD en tabletas y ordenadores. Lo lógico sería que si compramos esos derechos, bloqueen la llegada gratuita por las otras vías”, me dice una fuente del canal.

Tampoco se entiende por qué, si la TV Pública tiene un buen producto para vender, no pueda hacer un buen negocio para el Estado.

Una vez más, el Estado ausente, que dice a cara descubierta que no tiene “nada que hacer” ante estos hechos. Lo mismo esgrime para terminar con la violencia del fútbol. “Es cosa de los dirigentes” cuando lo primero es que es cosa del propio estado y de establecer políticas públicas para terminar con la lacra. Pero no. No interesa terminar con ellas, todo lo contrario.

Entonces, en ese caos, ¿cómo no van a aparecer “cientistas sociales” que nos propongan dialogar con los violentos, como si esto fuera posible? A río revuelto, ganancia de pescadores.