La denuncia presentada el pasado 19 de noviembre ante la Justicia por la ONG "Salvemos al Fútbol", a través de sus valientes dirigentes Mónica Nizzardo y el ex juez Mariano Bergés, es demasiado elocuente. Se refiere a "un importante número de personas involucradas en hechos delictivos previos y su referencia con las máximas instancias del Gobierno nacional", que no son otros que los que la prensa dio por llamar, y con razón, "Barras bravas K", debido a que por primera vez en tantos años de violencia organizada en el fútbol argentino, o lo que el gran investigador Amilcar Romero llamara "Violencia del fútbol", un Estado decide ponerle sello, membrete y firma a un hecho tan significativo como absurdo: financiar el viaje de los violentos al Mundial, admitiéndolo sin tapujos y de manera oficial, y dándoles a cambio banderas y estandartes pensando, ingenuamente o no, que de esta forma terminarán definitivamente con la violencia como fenómeno del espectáculo futbolístico.
La palabra "definitivamente" aquí cobra una importancia fundamental, porque no se duda de que en estas fechas que quedan hasta que finalice el Torneo Apertura (cuatro, exactamente) habrá pocos inconvenientes (si bien ya se registraron dos graves, en el Huracán-San Lorenzo y en el clásico rosarino que podrían significar que los barras bravas no pueden cumplir ni siquiera con un "pacto supremo" que los lleva al Mundial cuando se trata de ciertas enemistades, lo cual también habla de cierto "mercenarismo pasional", aunque esto pueda parecer una contradicción), pero, tal como con los dos casos citados, es hartamente probable que una vez vueltos del Mundial, todo vuelva a la normalidad y los hechos violentos regresen por sus cauces.
Siguiendo con la denuncia presentada ante la Justicia, "Salvemos al Fútbol" hace referencia a las banderas celestes y blancas que aparecieron en la mayoría de los estadios con la leyenda "Hinchadas Unidas Argentina" y con hologramas compuestos por una letra "V" y otra letra "K" en un lado, y un pingüino en el otro. Más claro, agua. Incluso, conservando la liturgia de aquellos míticos tiempos del "Perón Vuelve" de los setenta, ahora reemplazado por la "K" de los Kirchner. Pero la ONG va más allá y sostiene, basada en artículos periodísticos, que el Gobierno diseñó un plan con doce barras bravas de clubes de primera división, ofreciéndoles planes sociales y All Inclusive en el Mundial de Sudáfrica 2010 a cambio de apoyo publicitario en los estadios (como las referidas banderas) y hacer de tropa oficial en las calles.
Siguiendo con esta denuncia, esta operatoria habría contado con la participación de Pablo Alvarez (Bebote), jefe de la barra brava de Independiente, club con el que simpatizan los Moyano, aliados cegetistas del Gobierno, y el reconocido operador del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Marcelo Mallo. Por cierto, y como hemos sostenido en este blog, fue durante los tiempos de Fernández como ministro del Interior, que fue designado Andrés Meiszner como titular del Registro Nacional de Armas (Renar), siendo Meiszner nada más y nada menos que el hijo de José Luis, secretario y mano derecha de Julio Grondona en la AFA y ex dirigente de Quilmes y amigo de Fernández, de quien Mallo es operador. Todo queda en la vecindad.
Se dice que en la reunión en la que se negoció desde el Gobiermo con las barras bravas, en un departamento de la calle Arenales 1645, 6to piso, el lunes 15 de noviembre pasado, participaron los jefes de las barras bravas de Independiente, Lanús, Huracán, Tigre, Rosario Central, Argentinos JuniorsVélez Sársfield, Chacarita Juniors, Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe y allí se llegó a mencionar la palabra "reencauzamiento".
En la denuncia, se pide que se investiguen los dichos de Mallo, quien expuso una idea que apunta "a utilizar a estos grupos violentos como fuerzas de choque frente a eventuales protestas sociales en las calles de Buenos Aires y provincia del mismo nombre, como también trabajar en las internas del Parido Justicialista aportando votos y fiscales. "“A esta altura ya no puede menos que sospecharse seriamente sobre las complicidades, connivencias, financiamiento y contubernios existentes entre integrantes del Poder, encarnado en sus figuras más altas, caso Aníbal Fernández, con el operador Rudy Fernando Ulloa Igor, y con Marcelo Mallo, situación que denunciamos puntualmente, y pedimos sea investigada en profundidad”, consigna la presentación de la misma ONG que también se presentó a la Justicia en su momento para denunciar que no se ejerció el derecho de admisión en el partido Argentina-Venezuela por las eliminatorias del Mundial en 2009 en el estadio de River Plate.
Según los distintos rumores, unos 280 barras bravas deestos doce equipos viajarán financiados al Mundial, a los que por separado se sumarían (por autofinanciamiento) los barras bravas de Boca Juniors ("La Doce") y de River Plate ("Los Borrachos del Tablón"), y la mayoría de las barras bravas de los equipos del ascenso que reclaman su lugar luego de un "congreso" llevado a cabo la semana pasada en el estadio de All Boys, que contó con la anuencia de sus dirigentes.
Es decir, en otras palabras, que el Estado argentino, en una curiosa interpretación de su rol ético en materia social, eleva y antepone a quienes siendo violentos, juran dejar de serlo, sobre los que nunca lo han sido, pero con el objeto de lograr su "reencauzamiento". Esto significa, en palabras simples, que el Estado argentino contempla más al malo que quiere dejar de serlo, que al bueno. Es decir, es más negocio comenzar siendo malo...y "arrepentirse" (porque además, sólo es de palabra, luego vale desdecirse).
No parece esto ser un buen ejemplo ético para quienes deben vivir en este Estado y se deben plantear un futuro en él bajo estos parámetros, y tampoco parece interesante mostrar al mundo (como ocurrirá en Sudáfrica) este tipo de acciones, a no ser que nada importe, que es lo que desde esta columna se sospecha hartamente. Es más, otro movimiento, el de Familiares de Víctimas de la Violencia en el Fútbol (FAVIFA) convocó el pasado 24 de noviembre, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña, a los organismos estatales y dirigentes deportivos, a firmar un compromiso para luchar contra la violencia en el fútbol, con estos puntos: a) No financiar a las barras bravas de cada club, eliminando entradas, dinero u otra colaboración, b) No financiar viajes de los barras bravas al Mundial; c) Aplicar en cada club el derecho de admisión.
Parece que no se entiende que en este juego de hipocresías, cada parte involucrada en los delitos puede firmar lo que sea, que no interesa. Porque la violencia necesita de esta complicidad desde hace rato. Tanto, que hemos superado la delgada línea roja y lo que antes era un secreto a voces, ahora tiene firma, membrete y sello estatal. Como para que nadie tenga la más mínima duda.
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