A Raúl Gámez, presidente de Vélez Sársfield, se le
fue la lengua. Y no es la primera vez. Ya le había sucedido en tiempos del
grondonato y muerto el pope, acaba de descubrir que el presidente Mauricio
Macri, contra quien se enfrentó en los noventa defendiendo el modelo opuesto,
sigue con su idea fija de generar un vacío para que por fin entren al fútbol
las sociedades anónimas que no pudo introducir desde el “llano empresario” hace
dos décadas.
Gámez dice que se arrepiente por haber votado a
Macri para presidente argentino pero se da cuenta de que se encuentra ante la
misma trampa de muchos de sus compatriotas: no quiso votar por la continuidad
del gobierno anterior, y se metió en la boca del lobo, con mucha ingenuidad
porque un dirigente de su experiencia no puede descubrir ahora lo que alguien
como él podía percibir de antemano.
Horas antes, en su primera conferencia de prensa de
2017, Macri había ratificado que el Estado no pondrá más dinero para el Fútbol
Para Todos, tal como se anunciara en diciembre pasado que ocurriría desde el
primer día de este año, y de poco vale que Gámez lo insulte o recuerde lo obvio,
que lo único que le importa al Gobierno es que las SA se cuelen en el fútbol y
por eso siempre apoyó la creación de la Superliga, para generar en su nuevo
estatuto la chance de que las empresas copen el fútbol, sin importar que Racing no desapareció en 2001 (aunque la
síndico Liliana Ripoll lo anunciara oficialmente) porque nadie quiso poner la
firma a la resolución, o San Lorenzo no se fundió de la mano de ISL porque sus
socios e hinchas se movilizaron en el mismo año.
Macri no se quedó en que el Estado no pondrá más
dinero para el fútbol, lo cual sería una situación inédita en la historia de
las relaciones entre la industria ligada a este deporte y los gobiernos de
turno (lo que se estudia en mi libro “AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan”,
de 2016), sino que además reclama que los clubes, ya exhaustos aunque por su
propia impericia y sólo en el final de 2016, por el vaciamiento que también se
intenta desde el poder político, paguen sus impuestos y se hagan cargo de sus
obligaciones “sin excepciones”, según se desprendió de la boca del primer
mandatario.
Claro que en la Argentina ninguna lectura es ni
puede ser lineal. Y no es que lo que Macri dice textualmente pueda interpretarse
como que el Estado se desentiende del fútbol. Todo lo contrario. Hoy, el
gobierno forma parte de una extraña intervención y tiene un alto porcentaje en
la toma de decisiones de una Comisión Normacrizadora que mientras estuvo
internado el titular, Armando Pérez, fue manejada por el abogado Javier Medín,
que le reporta directamente, aunque debe tener cuidado y sintonizar con Zurich,
la sede de la FIFA, que tiene la otra parte de la intervención.
La otra bravata es la que acostumbran a lanzar los
dirigentes del ascenso, que ahora amagan a parar el fútbol “por seis meses, si
es necesario” en el caso de que el Estado no ponga dinero, lo cual forma parte
de un absurdo doble, porque ellos mismos firmaron el pedido de rescisión del
FPT con el Estado por tener, supuestamente, una oferta mejor, hace medio año,
pero además, porque exigen como condición tener una conducción elegida por los
propios dirigentes y eso ya forma parte del cronograma establecido por la FIFA
la semana pasada, que fija la fecha electoral para el próximo 28 de abril.
Sosteníamos párrafos arriba que hay que leer con
doble rasero lo que se dice desde los funcionarios o dirigentes porque aunque
desde la boca de Macri parece que el Estado se desentiende del fútbol, lo
cierto es que negarle dinero significa vaciarlo y propiciar, ante la
desesperación económica de los clubes, las llegada de las SA a través de la
ventana de la Superliga.
A propósito de la Superliga, ahora parece que entre
tantas vueltas, aparece la chance de retomar el pacto que casi se lleva a cabo
en junio pasado entre Hugo Moyano y Marcelo Tinelli, cuando salieron todos
abrazados de la reunión con AFA-Turner y parecía que volaban los papelítos y
las guirnaldas: la casa madre del fútbol quedaba para el camionero, con las
categorías del ascenso desde Primera B Metropolitana, y el negocio de la
selección nacional, mientras que el showman se quedaba con la Superliga en
Puerto Madero, que contendría a la Primera A y al Nacional B (http://sergiol-nimasnimenos.blogspot.com.ar/search?q=Hugo+Moyano).
Sin embargo, los dirigentes no escarmientan y ahora
es Daniel Angelici, el todo poderoso presidente de Boca Juniors, el que retoma
la chance de reflotar esta idea, aunque subió la apuesta como representante de
los intereses de los clubes grandes (excepto el eje CNBA, es decir, River-San
Lorenzo) y de clase media alta: Superliga por un lado, aunque sólo con la
Primera A, y Ascenso por el otro, desde el Nacional B para abajo, sumado al
negocio de la selección argentina.
Las posibilidades de acuerdo no cambian. Ya eran
altas hasta que apareció en junio aquella llamada que interpuso la necesidad de
que el gran grupo tuviera participación en el negocio, y ahora siguen siéndolo
porque de todos modos, cuando en las próximas horas llegue el Estatuto
reformado por la FIFA para su consideración, en principio daría la chance de
que los clubes grandes equilibren la fuerza con los votos y el resto debería ir
al pie, como nunca antes había ocurrido.
Para los clubes medianos, chicos o del Ascenso, se
abre una etapa complicada por su muy mala relación con el macrismo, y
justamente Claudio Tapia aparece como uno de los únicos interlocutores posibles
de este grupo junto a Pablo Toviggino, respetado dirigente del interior e
integrante de la Comisión Normacrizadora.
En tanto, Hugo Moyano y Angelici, antes muy
enfrentados y ahora reunidos para encontrarle la vuelta al asunto, buscan un
candidato para la Superliga aunque el mayor problema es la oposición de los
presidentes de San Lorenzo, Matías Lammens y de River Plate, Rodolfo D’Onofrio,
a cualquier intento de SA en el fútbol, por lo que no entran en el plan de
Macri. Allí radica hoy el punto clave para obtener los votos de esos clubes “díscolos”.
Con la llegada del Estatuto vendrá la nueva batalla,
la de aceptarlo como viene (cosa harto improbable porque uno de los dos sectores
en pugna estará perdiendo en votos) o modificarlo según los intereses de cada
uno, lo cual significará una vez más, con bravatas, insultos y negociaciones,
que todo sigue igual que en el 38-38 de diciembre de 2015.
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