Sea cuando sea que se tomen las decisiones
principales de los puntos a tratar en el extensísimo y cansador conflicto
interno del fútbol argentino, hay algo muy claro: los distintos sectores en
pugna siguen tironeando en sus propios beneficios pero no alcanzan ni pretenden
dar el debate fundamental para el funcionamiento interno.
Este debate consiste en determinar si por fin habrá
una mayor democratización en la AFA, o si tras la muerte de Julio Grondona en
julio de 2014, todo seguirá igual, tanto en la escasísima representatividad de
la institución ante las entidades que componen el fútbol argentino y ante los
protagonistas de todo tipo que habitan en él, como en la modalidad de su elección,
como también en el nulo federalismo que sigue existiendo.
Lo que sucede es que a ninguno de los sectores, con
muy escasas excepciones, les interesa este tipo de debates. Como ocurre en la
política nacional argentina (al fin y al cabo, esta dirigencia del fútbol sale
de la misma sociedad que la de la política), los intereses de la clase
dirigente pasan por la administración del dinero y por no perder el poder.
De allí que el sector grondonista (llámese así al
Ascenso) y sus aliados por distintas necesidades (Daniel Angelici, Hugo Moyano,
el sigiloso Víctor Blanco, los clubes del interior), y el sector tinellista
(River, San Lorenzo, la clase media alta y la mayoría de los dirigentes de
Primera A) no se preocupan por una AFA que tenga una amplitud democrática y
están más interesados en las cuestiones coyunturales.
Por eso mismo, varios de los enfrentamientos de los
últimos 18 meses dan vueltas y vueltas sin lograr una solución, y pese a todo,
han evitado preguntarse, con la complicidad de la inmensa masa de clubes del
interior, por qué no aprovechar para cambiar el statu quo de la organización de
torneos en los que prevalecen claramente Buenos Aires y el Conurbano sobre
entidades con años de trayectoria y masas de socios e hinchas que multiplican
por mucho a los de clubes con mucho más poder en las decisiones de todos los
días, o están más preocupados en que alcancen los votos para aprobar un
estatuto que los sufragios representen en serio a todo el país.
Desde ya que como dice el refrán, la culpa “no es
del chancho sino del que le da de comer”, porque en la historia del fútbol
argentino, cada vez que los clubes más poderosos de las provincias amagaron
cualquier movimiento de fuerza (especialmente en tiempos de Grondona),
obtuvieron algún beneficio, por más que fueran migajas.
Sin ir más lejos, a fines de los años setenta,
Amadeo Nucetelli, entonces presidente de un poderoso Talleres de córdoba, amagó
con disputarle los votos al entonces joven mandamás de la AFA, y en uno de sus
primeros virajes políticos, salió la Ley 1309 por la que, repentinamente, el
club no directamente afiliado que se clasificara dos veces a las finales del
entonces torneo Nacional, pasaría a jugar en el torneo oficial de Primera
División (lo que antes era el llamado “Metropolitano”).
Fue una ley a la medida de Talleres, que luego
terminaron aprovechando otros dos clubes cordobeses como Instituto y Racing,
pero especialmente fue una forma de quitarse de encima la protesta del
Interior.
Esta resistencia fue aún mucho mayor en los primeros tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando otra vez los dirigentes del Interior se nuclearon en lo que primero fue la UCI (Unión de Clubes del Interior) para luego llamarse UCA (Unión de Clubes Argentinos) y así obtuvieron otro parche, pero mucho mayor, que sentó las bases hasta hoy de lo que acabó siendo el Nacional B, con las enormes falencias que tuvo (tanto, que el Estado tuvo que hacerse cargo de los viajes que cubrían ridículamente todo el país pero que dejaba la preeminencia a los clubes del Conurbano y que significó un descenso masivo y velado de clubes de Primera B Metropolitana).
Esta resistencia fue aún mucho mayor en los primeros tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando otra vez los dirigentes del Interior se nuclearon en lo que primero fue la UCI (Unión de Clubes del Interior) para luego llamarse UCA (Unión de Clubes Argentinos) y así obtuvieron otro parche, pero mucho mayor, que sentó las bases hasta hoy de lo que acabó siendo el Nacional B, con las enormes falencias que tuvo (tanto, que el Estado tuvo que hacerse cargo de los viajes que cubrían ridículamente todo el país pero que dejaba la preeminencia a los clubes del Conurbano y que significó un descenso masivo y velado de clubes de Primera B Metropolitana).
Y ya en 2011, otro amague de clubes del interior,
con menos política de fondo y más aprovechamiento de la coyuntura (la frustrada
presentación a elecciones del empresario mediático Daniel Vila, el día de la “desinfección
de la AFA”, como Grondona hizo colocar el cartel en la puerta del edificio de
la calle Viamonte para evitar la entrada de su extraño adversario que no tenía
votos pero sí apoyo satelital con su propio aporte pecuniario) determinó la
idea de un nuevo parche, la Copa Argentina, a la usanza de las copas europeas.
Pero jamás se debatió por qué Buenos Aires y el Conurbano, entrado el Siglo XXI, siguen teniendo tanta preeminencia sobre el
resto del país, ni a nadie le importa (ni siquiera amagan cualquier medida ni
se nuclean los propios interesados).
Tampoco parece interesar comprobar cómo se vota en
otras federaciones. Por ejemplo, la Federación Española, manejada con mano dura
por Angel María Villar, que supo ser una especie de “hermano político” de
Grondona y quien impuso a su hijo Gorka en la Conmebol, aún así no tiene ni por
asomo el sistema unitario de la AFA. Y no sólo votan dirigentes de todo el país,
sino que tienen lugar todas las especialidades de fútbol y los propios
protagonistas en una proporción que
permite una representatividad total.
Cabe preguntarse por qué, aprovechando la
intervención a través de la Comisión Normacrizadora, la FIFA no dio pie para un
debate, o no se preocupó para que además de cambiar un estatuto a su medida
internacional, no se lo democratizara como corresponde.
Y por supuesto, si no le interesa esto a la FIFA,
menos aún a los dirigentes argentinos, enfrascados en una lucha que todavía
tiene varios capítulos porque se quiere refrendar en una Asamblea el acuerdo
que se llegue por la TV con la cadena que se quede con los derechos, lo cual
puede originar más de un conflicto, y porque todavía están pendientes los
fallos de la Justicia sobre una reunión extraordinaria (solicitada por
Argentino de Quilmes) y una resolución de la Inspección General de Justicia
(IGJ), que responde al Gobierno, que también es parte de este tironeo.
Como desde el inicio del conflicto, tras la muerte
de Grondona, hay varios ejes de disputa. Si uno es por el poder político en la
AFA entre grondonistas y aliados, y los tinellistas, otro es el del Gobierno
contra los dirigentes del fútbol que se oponen a la creación de la Superliga (pocos, ya que la mayoría firmó a favor sin haber siquiera leído bien las condiciones),
una imposición que llega desde la Casa Rosada para que se abra las puertas a
las sociedades anónimas, y sin embargo, aunque esto es tan claro como que el
estado condiciona los 530 millones de pesos de resarcimiento del Fútbol Para
Todos a que esto ocurra, los dirigentes del fútbol no tienen tiempo ni
posibilidades ciertas (otra vez salvo escasas excepciones) para darse cuenta de
que se está generando el huevo de la serpiente, el mismo que los socios e
hinchas resistieron y evitaron en el inicio de este siglo.
Lo cierto es que mientras un nuevo modelo privatista
empieza a cerrarse luego de haberse cocinado por muchos meses, los dirigentes
del fútbol siguen siendo cortos de miras y todo pasa por gobernar la AFA que
viene y tomar el dinero de la TV, desesperados ante esta realidad que los
ahorca para que justamente levanten la mano entregando lo más preciado.
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