Tras el affaire de Ronaldo en aquellos extraños
sucesos previos a la final del Mundial de Francia 1998, cuando el delantero acabó
jugando sin estar en condiciones, en el fútbol brasileño se desató un torbellino,
con acusaciones a la Confederación Brasileña (CBF), su relación con Nike, y
todo acabó en el Parlamento.
Parecía raro ver a tantos dirigentes y hasta un director
técnico como Mario Lobo Zagallo, teniendo que dar explicaciones en una Comisión
Parlamentaria Investigadora (CPI), que lo convirtió en un asunto de Estado.
Aquel
escándalo del CPI terminó en un circo, y dos de los principales implicados, el
entonces titular de la CBF, Ricardo Texeira, y Sandro Rosell, entonces de Nike
y luego presidente del Barcelona, pudieron sortear la situación.
Ahora, el ex crack Romario, diputado, no sólo
propuso otro CPI para lo ocurrido con este escándalo que incluye a la FIFA, la
Conmebol y la CBF, sino que ya fue aceptada su moción en pocos días.
¿Existe alguna chance real de que en la Argentina
pueda ocurrir algo así con la AFA, la Conmebol, las empresas mediáticas y el
Estado, a través del puente que significó desde 2009 el programa Fútbol Para
Todos?
No parece nada fácil, más allá de algunas denuncias
y mucha declamación en los micrófonos.
Si tras el escándalo del último Superclásico, el
secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, insinuó que la AFA podría
ser intervenida, rápidamente el jefe de Gabinete Anibal Fernández salió a
desmentirlo y a decir que eso “no está en la agenda”, cuesta creer que ahora el
Estado se quiera meter en serio con el fútbol porque muchas ollas podrían
destaparse.
En la guerra Clarín-Gobierno, los dos se quitan de
encima a Alejandro Burzaco, CEO de Torneos, y le la responsabilidad al otro aunque
ambas partes fueron aliadas del hoy prófugo por más que una de ellas lo haya
intentado silenciar, y la otra insista en que se trata de cuestiones entre
privados y aparente estar de brazos cruzados en el allanamiento a la sede de la
empresa.
Burzaco, mano derecha de Julio Grondona hasta su
muerte, no es más que la expresión de un entramado por el cual la gratuidad del
fútbol obtenida por derecho luego de años de ñata contra el vidrio en bares o
negocios y apoderamiento del espectáculo, también incluyó cuestiones como la
contratación de la misma productora que tanto se criticó en alianza con el
enemigo, para generar un producto final demasiado parecido al anterior.
Es mucho lo que la dirigencia del fútbol argentino
debería aclarar, desde los destinos de más de 5 mil millones de pesos recibidos
desde el Estado sin rendición de cuentas, qué fue de Puntogol y luego Santa
Mónica, facturando millones, hasta el “detalle” del voto del viernes en Zurich,
porque si Rodolfo D’Onofrio dijo que fue para el “sheik”, los números no
cierran y menos aún, tras el mantenimiento de la media plaza para la Conmebol.
¿Investigaría Aníbal Fernández hasta las últimas
consecuencias a José Luis Meizner, secretario de la Conmebol y con quien
comparte dirigencia en Quilmes, cuando designó a su hijo Andrés en un cargo
público siendo ministro del Interior, o a sí mismo como titular del club?
Si Grondona llevaba un anillo que decía “Todo Pasa”,
Meiszner llevaba otro en su mano izquierda que decía “Algo queda”, símbolo de
tiempos que podrían acabarse pronto.
¿Será posible un CPI argentino? Hoy parece una
utopía.
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